Arq. Mirtha Mancilla Anaya
El Movimiento al Socialismo (MAS) desencadenó un intenso debate político al imponer su voluntad en el Senado y aprobar, en una sesión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, el controversial proyecto de Ley 342 de Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Esta decisión generó una ola de críticas por parte de las universidades y las alcaldías, quienes expresaron su rechazo a la normativa al considerar que representa una amenaza directa a su autonomía institucional.
En respuesta a esta situación, el Comité de Movilizaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) tomó acción convocando a una marcha de protesta para el próximo jueves. Los miembros de la comunidad universitaria argumentan que la aprobación de esta ley constituye una clara violación a los principios de autonomía universitaria, fundamentales para el correcto funcionamiento de las instituciones educativas.
La movilización de la UAGRM es solo el inicio de lo que se vislumbra como un conflicto de intereses entre el gobierno y sectores clave de la sociedad civil. La controversia en torno a la Ley 342 refleja las tensiones existentes en el panorama político actual, donde la defensa de la autonomía y la libertad académica emergen como temas cruciales en el debate público.
Además de la manifestación del Sindicato de Trabajadores de la universidad cruceña, es importante destacar que su movilización se llevó a cabo en un contexto de reivindicación de derechos laborales y en defensa de la educación superior. La convocatoria a la marcha no solo fue un acto de protesta, sino también una muestra de unidad y solidaridad entre los trabajadores de la universidad.
En cuanto a las declaraciones del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, sus críticas al Gobierno ponen de manifiesto la falta de diálogo y participación de las instituciones educativas en la elaboración de políticas públicas que afectan directamente al sector. Heredia resalta la importancia de involucrar a las casas de estudios superiores en la construcción de leyes que regulen el ámbito académico y laboral.
Estos eventos reflejan la tensión existente entre el Gobierno y el sector educativo, así como la necesidad de establecer canales de comunicación efectivos para abordar las demandas y preocupaciones de la comunidad universitaria. La participación activa de los sindicatos y los rectores en el debate público es fundamental para garantizar una educación superior de calidad y en consonancia con las necesidades de la sociedad.
Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (FNTUB) se declaró en emergencia y también anunció que se movilizará en una marcha este jueves.
Las alcaldías también emitieron un pronunciamiento. En el caso del municipio de La Paz, su alcalde Iván Arias calificó la norma como inconstitucional y pidió al presidente Luis Arce no promulgarla. "El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz rechaza la manera abusiva con la que la mayoría oficialista en el Senado sancionó en horas de la madrugada del martes la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que vulnera la autonomía municipal vigente en el país desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE)", señala un comunicado.
댓글